Se necesitan 1.300 millones en Servicios Sociales para igualar la inversión previa a los recortes
Todavía no se ha conseguido recuperar los niveles de inversión pública para servicios sociales que se destinaron previamente a los recortes. Comparando con 2010, en 2018 habrían faltado 1.300 millones de euros para igual ambos años.
Las Administraciones destinaron, hace nueve años, un 1,68% del PIB al sector frente al 1,57% que se destinó en 2018. En términos absolutos la cantidad de 2010 se ha superado, pero el PIB ha aumentado y el porcentaje para servicios sociales no. De haberse igualado, los 18.871 presupuestados el año pasado se habrían elevado hasta 20.180. Además, el estudio determina un panorama de grandes desigualdades entre las comunidades autónomas. Madrid es la peor valorada mientras que Castilla y León, País Vasco y Navarra son las mejor situadas.
A principio de la legislatura se constata una mejora del marco normativo, al igual que un incremento de financiación desde 2014. Y a partir de 2015 se aprecia una “leve mejora” de la cobertura de prestaciones. Sin embargo, la asociación alerta de un riesgo de involución hacia formas “asistenciales” con trabajadores tan sobrecargados por la cantidad de procedimientos existentes que corren el peligro de convertirse en meros verificadores de los requisitos para acceder a las ayudas. Por ello reclaman recursos y más capacidad para poder dedicarse a prevenir e intervenir ante situaciones o riesgos de exclusión.
Los servicios sociales atienden cada año a unos ocho millones de personas, según la asociación. Para elaborar el informe, han valorado 25 indicadores relacionados con el reconocimiento y la cobertura de derechos y con el esfuerzo financiero. Esta es la segunda ocasión —de las seis ediciones que lleva este estudio— en que España consigue superar el cinco en la calificación. En 2018 obtuvo un 5,22, un aprobado raspado. No obstante, apuntan que se detecta un cierto estancamiento